Sanción por enviar publicidad a una dirección de correo pública en Internet

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Son muchas las ocasiones en las que os hemos hablado de la aplicación, respecto al envío de publicidad, de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Hoy queremos centrarnos en un aspecto concreto. El envío de emails a una dirección pública, extraída de Internet.

Como se lee en la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que traemos hoy al blog de Cumple Protección de Datos, el denunciado entiende que cuando una dirección de email está publicada abiertamente en una web, directorio de Internet, “supone que da el consentimiento expreso para su tratamiento y uso”, de ahí que la incluyese en su base de datos de envíos tanto comerciales como no comerciales.

Esta práctica, sin embargo, es considerada en contra del artículo 21 de la LSSI, que en su apartado primero prohíbe de forma expresa “el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas”.

Además, la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de
2002, introdujo en el conjunto de la Unión Europea el principio de “opt in”, es decir, la necesidad de contar con el consentimiento previo del destinatario para el envío de comunicaciones electrónicas con fines comerciales. De este modo, cualquier envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente queda supeditado a la prestación previa del consentimiento, salvo que exista una relación contractual anterior y el sujeto no manifieste su voluntad en contra.

Por último en la resolución de la Agencia se indica que: “el hecho de que las direcciones electrónicas estén publicadas y accesibles a todos en Internet, no habilita para utilizarlas para el envío de comunicaciones comerciales, salvo que se den los supuestos del artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Es decir, que una entidad puede tener su dirección de correo electrónico en una web a los efectos de “contacto” y fundamentalmente para ofrecer sus productos y actuar en el tráfico jurídico, pero que ello no implica una autorización ad limitum para ser receptora de publicidad, pues precisamente ese derecho a no recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos es el que protege el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información”.

En consecuencia, queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

Esta práctica en el caso del denunciado en esta resolución, le supuso una multa de 1.800 euros. En el siguiente enlace está disponible el informe completo de la AEPD para vuestra consulta.

Recordad que en Cumple Protección de Datos os podemos ayudar a evitar este tipo de sanciones y a cumplir con todas las obligaciones legales en esta materia. Puedes informarte en nuestra web.

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