La Justicia Europea anula la Directiva de Conservación de Datos Personales

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apelado a la privacidad de los usuarios y su derecho a la intimidad y ha anulado la Directiva 2006/24/CE en virtud de la cual se daba a los servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones (servicios de Internet) la potestad de conservar datos personales de sus usuarios con el fin de salvaguardar la seguridad nacional y luchar contra delitos como el terrorismo o la pederastia.

En virtud de la directiva, estos servicios estaban obligados a guardar los datos de los usuarios (Dirección IP, localización…) y compartirla con los cuerpos de seguridad del estado con el fin de poder luchar contra el terrorismo y otros delitos.

La High Court (Tribunal Superior de Irlanda) y el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional de Austria) solicitaron al Tribunal de Justicia que examinase la validez de la Directiva, al considerar que podía interferir en contra del derecho fundamental al respeto de la vida privada y el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Hoy la Justicia Europea ha declarado nula esta directiva al considerar que al imponer la conservación de estos datos y al permitir el acceso a las autoridades nacionales competentes, la Directiva se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal. Además, el hecho de que la conservación y la utilización posterior de los datos se efectúen sin que el abonado o el usuario registrado sea informado de ello puede generar en las personas afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante.

La Justicia Europea alude a tres puntos para explicar esta decisión: la generalidad de la recogida de datos, ya que afecta por igual a todos los usuarios sin necesidad de que exista sospecha sobre ellos; la falta de criterios sobre el uso de los datos recogidos que determinen que se usan exclusivamente para luchar contra determinados delitos y por último la falta de criterios objetivos con arreglo a los que debe determinarse el período de conservación de los datos para garantizar que se limite a lo estrictamente necesario.

Las conclusiones íntegras del Tribunal de la UE están disponibles en este enlace.

 

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